El estado de derecho: La verdadera riqueza de una nación

Recientemente, un importante proyecto venezolano de energía fue abierto a inversionistas extranjeros mediante un proceso de licitación. Era un proyecto de gas con un gran potencial y reservas probadas, y era, desde el punto de vista tecnológico, bastante sencillo para ser un proyecto de hidrocarburos. Bajo circunstancias normales, ha debido ocurrir un vigoroso proceso de puja por él, con los consiguientes beneficios para el país.  Desgraciadamente, la licitación fue declarada desierta.  A pesar del manifiesto interés mostrado por varias de las mayores empresas petroleras del mundo, ninguna puso una oferta en firme.

Pudo haber cualquier cantidad de razones para esta resistencia a participar, abarcando desde consideraciones específicas hasta preocupaciones más amplias.  Sin embargo, nuestra experiencia con las grandes empresas multinacionales que representan un porcentaje significativo de la membresía de Venamcham, nos lleva a creer que los temas por lo cuales se abstuvieron de invertir en Venezuela eran simples y directos.  Incluyeron la baja posibilidad de remitir dividendos, regalías y pagos por asistencia al exterior: si no puedes sacar del país tu dinero invertido a una tasa razonable, entonces para qué invertir? Otra percepción dañina es la falta de protección ante la devaluación monetaria, es decir, el riesgo de que si realizas una inversión en dólares y luego los activos locales (valorados en moneda local) son devaluados, has perdido parte o hasta toda tu inversión original en dólares.  Y quizás la preocupación principal en las mentes de estos inversionistas extranjeros era la protección de los derechos de propiedad, es decir, la probabilidad de que la propiedad real o intangible de una empresa sea expropiada o confiscada.

Todas estas consideraciones son básicas. De hecho, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha preparado una lista de lo que han denominado “Las 12 Reglas Para Inversionistas Internacionales”, que consiste en los requerimientos que por sentido común cualquiera empresa querría tener para poder hacer negocios en una nación extranjera (la lista completa está reproducida en la página web de nuestra Cámara www.venamcham.org).  Además de los tres puntos mencionados anteriormente, hay nueve conceptos más que van desde consideraciones laborales y cargas regulatorias  a requerimientos de infraestructura. Lamentablemente, la calificación de Venezuela es muy baja en la mayoría de estos requerimientos.

Las consecuencias de nuestro pobre desempeño en los requerimientos básicos para inversionistas son perfectamente cuantificables, y ciertamente no están limitados al ejemplo del proyecto citado con anterioridad. En un estudio comparativo de inversión extranjera directa como porcentaje de PTB en Latinoamérica y el Caribe, Venezuela está en el último lugar en inversión extranjera en 2007. Panamá y Chile lideraron la región con 11 y 10% respectivamente, mientras que Venezuela representó un anémico 0.5% .
La situación en 2008 y 2009 ha sido aún peor para nosotros, con Venezuela recibiendo casi ninguna inversión extranjera directa, mientras que sólo en el 2009 un país como Chile recibió $6 millardos.  Y nuestra situación no está mejorando.  En Enero del 2010, el sector empresarial venezolano recibió dos choques severos.  En primer lugar, el Gobierno decidió devaluar la moneda, y adoptar un esquema de control cambiario de 4 tasas diferentes con mucha indefinición e incertidumbre.  Y en segundo lugar, el Gobierno rápidamente aprobó una nueva ley básicamente declarando que toda propiedad privada en el país puede ser sujeta a expropiación por parte del Gobierno, sin siquiera tener que declararla de utilidad pública y/o interés social.

Como se puede ver, el sector privado esta enfrentando un mar de problemas.  Pero si tuviéramos que seleccionar un único concepto que englobara la mayoría de temas, y el cual tendría que ser la principal cosa a ser recuperada para que Venezuela pudiera retomar el camino hacia el desarrollo y la prosperidad, este sería el concepto de Estado de Derecho. Ahora bien, la definición en sí del Estado de Derecho varía considerablemente: se puede entender como un régimen político-legal bajo el cual la ley restringe al gobierno a través de la promoción de ciertas libertades, y creando orden y previsibilidad en lo referente a cómo funciona un país.  También puede ser definido como la medida en que los agentes tienen confianza y respetan a las reglas de la sociedad.  Cualquiera que sea la definición que uno escoja, “lo conocemos cuando lo vemos”, como famosamente comentó una vez el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos Potter Stewart en una opinión legal.

No solo lo conocemos, sino que lo podemos medir. El Banco Mundial anualmente publica su índice de Estado de Derecho: en el año 2000, Venezuela tenía la posición 139 de 194 países.  No podemos estar orgullosos de esto ya que nos colocó en el último tercio de los países analizados, pero la cosa se pone mucho peor: en el último estudio realizado en 2008, nuestra posición fue de 201 de 207 países, es decir en el último 4 percentil del planeta.  ¿Quiénes fueron nuestros vecinos en esta jerarquización? Sudan, Costa de Marfil, Chad, Guinea, la República Democrática del Congo, Zimbabwe, Irak, y Afganistán. Los mejores países en esta clasificación fueron liderados por Noruega, Austria, Dinamarca, Islandia y Suecia, encontrándose los Estados Unidos en un también saludable 17º puesto.

Como podemos ver, nuestros problemas con el estado de derecho en Venezuela afectan directamente la inversión extranjera. Pero el asunto es más profundo que esto.  En un excepcional estudio del Banco Mundial, publicado bajo el nombre “Donde Está La Riqueza de las Naciones”, sus especialistas demostraron que el estado de derecho representa el más importante y mayor componente del capital en todos los países desarrollados y en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Básicamente, calcularon la riqueza total de una nación dada, le sustrajeron el valor de su capital producido (estructuras, equipos, maquinarias, tierras urbanas y afines), y también sustrajeron el valor del capital natural (sus recursos naturales, incluyendo los activos del subsuelo, campos cultivables, y bosques).  El capital residual con el cual terminaron lo denominaron capital intangible, y demostraron que sus principales componentes son el estado de derecho y la educación de los habitantes.  También demostraron que en los países desarrollados, el componente intangible representa 80% de la riqueza total de estas naciones.

¿Qué significa esto? Pues que per capita, en el año 2000 Suiza tenía una riqueza total de $648 mil, del cual el 84% era capital intangible.  En cambio, la riqueza total per capita de Venezuela era de $45 mil, del cual solo el 10% correspondía al estado de derecho y capital humano. Y es bastante seguro afirmar que nuestra situación sólo ha empeorado en estos últimos diez años. La consideración que realmente asusta es que es perfectamente concebible el poder tener un capital intangible negativo, y estamos cerca de esta situación.  Nuestro país está logrando tasas de retorno extremadamente bajos sobre su capital producido, humano e institucional, y rápidamente estamos consumiendo nuestros recursos naturales en vez de reinvertirlos en actividades más productivas.