¡Vamos a trabajar!

Durante los últimos años, Venezuela ha sido consistentemente clasificada como uno de los países más difíciles en los cuales hacer negocios. La prestigiosa (e imparcial) encuesta sobre la Facilidad de Hacer Negocios del Banco Mundial nos colocó en la posición número 177 de entre 183 países, una triste situación para una sociedad tradicionalmente cosmopolita y con visión externa.  Pero en los últimos seis meses, el ya severo ambiente comercial se ha complicado más.  Una serie de medidas adoptadas por el gobierno venezolano, incluyendo un mayor número de restricciones en el sistema de control de cambio, leyes nuevas y más severas en áreas claves tales como vivienda y actividades financieras y una actitud cada vez más hostil del gobierno bolivariano frente al comercio en general, representan un nuevo apretón de tuercas al ya hostigado sector privado venezolano.  

La presión viene de todas partes. En editoriales anteriores hemos mencionado la rápida implementación por parte de la Asamblea Nacional Venezolana de una serie de nuevas leyes cuyo contenido afecta directa y negativamente al sector comercial privado en áreas tan diversas como control de cambio, propiedad de tierras y actividades financieras. Más recientemente, la eliminación del mercado paralelo de dólares y su reemplazo por un sistema de asignación mucho más restrictivo ha colocado a la mayoría de las compañías importadoras en una situación muy precaria. Y hay más: para la fecha de este escrito, se está discutiendo una nueva ley en el poder legislativo que podría cambiar profundamente el ambiente económico como lo conocemos. Bajo el título “Ley para la Promoción y Desarrollo del Sistema Económico Comunal”, se introduce un nuevo tipo de organización laboral bajo principios socialistas que contempla, entre otras cosas, la eliminación de jerarquías y niveles de gerencia en compañías, la introducción del sistema de trueque dentro de una nueva estructura de comunas en todo el país, la creación de una nueva moneda en cada comuna y la eliminación de ganancias en las compañías de producción social, en las que cualquier ganancia será redistribuida por el Ejecutivo entre las comunas.

En esencia, esta ley crearía una ley paralela a la Ley Orgánica del Trabajo vigente, llevando al establecimiento de tres clases separadas de trabajadores: los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público y las nuevas compañías comunales. Como lo vemos, la ley propuesta debilita significativamente las condiciones de trabajo de los empleados y trabajadores del sector público y de las propuestas comunas, eliminando el seguro social y la distribución obligatoria de las ganancias de la compañía. Asimismo, la ley propuesta contempla varios nuevos tipos de propiedad pero no trata, en su forma actual, el concepto de propiedad privada. Otra seria implicación es que la ley obligaría al sector bancario a financiar estas actividades comunales, con el espectro de las altas tasas de delincuencia, la necesidad de intervención del Banco Central y con toda probabilidad, la creciente inflación.

Otra fuente de dificultades es la creciente hostilidad en las declaraciones públicas del gobierno con respecto al sector privado.  Se ha vuelto común escuchar como el gobierno caracteriza al sector comercial en general como explotadores de los trabajadores, acaparadores y monopolizadores que le retienen productos al pueblo, y amenazando con asumir la operación de compañías y sectores de la economía. La insistencia de estos mensajes junto con la escasez de productos básicos que comienza a aparecer como resultado del difícil ambiente, está generando la creencia generalizada, aunque errónea, en grandes segmentos de la población, que los principales culpables de la falta de abastecimiento es la cadena de valor del sector privado.  Por el contrario: nuestras compañías miembros están haciendo todo lo que pueden para mantener sus operaciones a pesar de los tremendos obstáculos.

Este tenso ambiente ha generado un resurgimiento significativo de inspecciones por parte de personas que supuestamente son representantes de organizaciones del gobierno tales como la Guardia Nacional, SENIAT (las autoridades fiscales locales), INDEPABIS, SADA, y hasta el Departamento de Inteligencia Militar. En muchos casos, estas personas no presentan credenciales así como tampoco ninguna documentación relativa al objetivo de sus visitas y la autoridad conforme a la cual actúan, según lo requiere la ley venezolana. La cantidad de estas inspecciones es tal que Conindustria, el principal gremio de fabricantes de Venezuela en que participan muchos de nuestros miembros, consideró necesario enviar una carta formal a la Vice Presidencia del país para informarle sobre esta preocupante situación.

Abundan otras presiones. Aunque la llegada de las lluvias de alguna forma ha disminuido la urgencia del sector energético frente al ojo público, la situación no ha mejorado. La frecuencia de  los apagones en el interior del país apenas ha disminuido y la insuficiencia tanto de los sistemas de generación como de transmisión casi garantiza una situación aun más severa para el 2011. Las nuevas regulaciones del sector de seguros pudieran representar un aumento significativo de primas y un colapso de los servicios de salud. Los principales puertos del país están trabajando cada vez más lenta e ineficientemente y la tendencia a futuras expropiaciones o, para utilizar un término más adecuado, confiscaciones, no ha amainado:   los activos de 44 miembros de Venamcham han sido total o parcialmente incautados por el gobierno. Para la fecha, solo ocho han sido compensados total o parcialmente.